Durante años, los cambios en las leyes de alquiler y las leyes que rigen las regulaciones de alquiler han sufrido innumerables cambios incrementales. Pieza por pieza, los legisladores de la ciudad y el estado han tratado de abordar las tasas de vacantes, los problemas de zonificación y la creación y preservación de viviendas asequibles. Con el tiempo, estos cambios incrementales y las extensiones de las reglamentaciones existentes han provocado que la cantidad de viviendas asequibles disponibles para los neoyorquinos disminuya en los últimos diez años. La actualización más reciente de estas leyes se produjo en 2015. Esta actualización extendió las regulaciones de alquiler vigentes en ese momento hasta el 15 de junio de 2019, pero hizo poco para proteger a los inquilinos de los propietarios, quienes aún tenían la oportunidad sin trabas de:

• Explotar lagunas en las regulaciones para aumentar los alquileres de los neoyorquinos de bajos ingresos;
• Permitir deliberadamente que las condiciones de construcción se deterioren hasta que puedan solicitar mejoras de capital (a menudo innecesarias) y pasar el costo a los inquilinos a través de aumentos de alquiler; y
• Acosar a los inquilinos para forzarlos a abandonar su apartamento y asegurar bonos de desocupación. A través de las bonificaciones por desocupación, los propietarios pueden aumentar los alquileres después de cada nuevo inquilino, hasta el punto de que el apartamento ya no tenga un alquiler regulado y sea asequible para los neoyorquinos de bajos ingresos.

Durante los últimos años, la administración de Blasio y los defensores de la vivienda como The Legal Aid Society y sus socios en la coalición Housing Justice for All han reconocido la necesidad de reformas permanentes en las regulaciones de alquiler de la ciudad. Aunque el progreso se ha hecho gradualmente, la crisis de viviendas asequibles de la ciudad continúa y se han fortalecido los llamados a una reforma real y permanente.