Bajo la dirección de miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de Asistencia Jurídica, un panel de voluntarios comenzó a tramitar las apelaciones. Se obtuvo una victoria en el caso People v. Calloway, donde se resolvió una discrepancia entre las decisiones judiciales respecto a la cantidad de pruebas necesarias para acreditar el delito de allanamiento de morada.