Un estudio conjunto del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, el Consejo de Bienestar Social y otros grupos concluyó que la representación legal debía ser proporcionada por la Sociedad de Asistencia Legal en lugar de un defensor público. Como resultado, se produjo un rápido crecimiento del trabajo de defensa penal, y la División Penal aumentó su personal con la incorporación de un trabajador social y cuatro investigadores capacitados. La Sociedad de Asistencia Legal fue también una de las primeras organizaciones en incorporar un componente de trabajo social a su labor de defensa penal.