En una demanda colectiva federal, Dávila contra Turner, La Legal Aid Society cuestionó la política y la práctica de la Ciudad de asignar a beneficiarios monoparentales a workfare en lugar de permitirles inscribirse o continuar en programas de educación o capacitación sin una evaluación de sus necesidades.

La División de Apelaciones, Primer Departamento, confirmó las órdenes del tribunal de primera instancia en McCain, declarando a la Ciudad, al Departamento de Servicios para Personas sin Hogar y a la Administración de Recursos Humanos en desacato civil e imponiendo multas nocturnas retroactivas y prospectivas por violaciones a las órdenes judiciales que requieren la provisión de refugio.