El Proyecto de Defensa de la Educación ayuda a los estudiantes que enfrentan una suspensión escolar. Los abogados y los trabajadores sociales participan en reuniones para determinar si la conducta del estudiante fue en realidad una manifestación de su discapacidad. A los estudiantes que cuentan con representación en las audiencias se les garantiza el debido proceso, experimentan una reducción del tiempo que pasan fuera de clase y, con frecuencia, logran que se anule la suspensión.