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LAS obtiene orden judicial para poner las cárceles de Nueva York bajo administración judicial
La Sociedad de Asistencia Legal y Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP han conseguido un fallo de la Corte a designar un receptor para reducir la violencia en las cárceles de la ciudad de Nueva York.
Aunque son poco frecuentes, en el pasado se han recurrido a las administraciones judiciales para abordar la negativa de los gobiernos locales a remediar las violaciones de los derechos civiles, incluidas las escuelas que se negaron a desegregar, las agencias de servicios infantiles que fallaron a los niños y varias cárceles y prisiones, incluidas las de Washington, DC, y el estado de California.
En septiembre de 2012, Legal Aid y Emery Celli presentaron Núñez contra la Ciudad de Nueva York, una demanda colectiva que impugna la brutalidad sistémica del personal contra personas encarceladas en las cárceles de la ciudad de Nueva York. Tras un acuerdo en dicha demanda, el tribunal nombró a un monitor federal para supervisar las reformas obligatorias. Tras casi una década de supervisión por parte del tribunal y el monitor federal, y sucesivas intervenciones judiciales y órdenes correctivas, el Departamento de Correccionales (DOC) continúa con su patrón y práctica de uso inconstitucional de la fuerza. En noviembre de 2023, un abogado presentó una moción de desacato y una solicitud de administración judicial.
“Celebramos la histórica decisión del tribunal de nombrar a un síndico independiente para poner fin a la cultura de brutalidad en las cárceles de la ciudad”, se lee en un comunicado de las organizaciones. “Durante años, el Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York ha incumplido las órdenes de los tribunales federales para implementar reformas significativas, permitiendo que la violencia, el desorden y la disfunción sistémica persistan en las cárceles. Este nombramiento marca un punto de inflexión crucial: un reconocimiento, ya merecido, de que los líderes de la ciudad han demostrado ser incapaces de proteger la seguridad y los derechos constitucionales de las personas encarceladas”.
“Esta decisión confirma lo que venimos argumentando desde hace tiempo: un cambio transformador en las cárceles de la ciudad solo puede ocurrir bajo el liderazgo de una autoridad independiente, libre de las fuerzas burocráticas y políticas que han frenado el progreso durante décadas”, continúa el comunicado. “El administrador judicial tendrá la autoridad para implementar reformas largamente esperadas, acabar con la arraigada mala gestión del Departamento de Correccionales y, finalmente, brindar alivio a quienes siguen sufriendo un trato inhumano a diario”.
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