La Legal Aid Society y otros defensores de los derechos de los inquilinos están rechazando las directivas emitidas por el juez administrativo del Tribunal Civil Anthony Cannataro que algunos propietarios han interpretado como una prerrogativa para buscar información personal y financiera de los inquilinos.

Los avisos se publicaron mientras el tribunal se prepara para permitir que ciertos casos de desalojo procedan después del 20 de junio, cuando un inquilino no puede demostrar las dificultades financieras relacionadas con la epidemia de COVID-19.

Los defensores de los derechos de los inquilinos han criticado la medida, advirtiendo que la solicitud supone una carga para los inquilinos que ya se están recuperando del impacto de la ciudad y el cierre ordenado por el estado.

“[El DRPS está] poniendo la carga sobre los inquilinos para que demuestren afirmativamente que se vieron afectados”, dijo Nakeeb Siddique, Director de Vivienda de la Oficina del Vecindario de Brooklyn de The Legal Aid Society. Law360.