Nuestra práctica de derecho familiar y violencia doméstica brinda servicios legales a sobrevivientes de violencia doméstica en toda la ciudad de Nueva York. Nuestros servicios se enfocan en brindar apoyo a los sobrevivientes mientras se reconstruyen después del abuso. Somos el principal proveedor de representación para sobrevivientes de abuso doméstico en divorcios disputados y no disputados en toda la ciudad. En los divorcios contenciosos, nuestros abogados brindan representación legal experta junto con apoyo sensible y orientación a lo largo del arduo y, a menudo, traumatizante proceso judicial. También brindamos representación especializada en la corte de familia para sobrevivientes que buscan órdenes de protección, custodia de sus hijos y manutención. Nuestros abogados de deuda del consumidor asesoran y defienden a los sobrevivientes de abuso financiero para ayudarlos a recuperar el control de sus finanzas y trabajar hacia la independencia económica. Nuestros abogados de inmigración manejan el espectro completo de solicitudes y defensas de inmigración para las cuales los sobrevivientes y sus familias son elegibles.

Además de nuestra experiencia en servicios legales, nos asociamos con organizaciones comunitarias para brindar asistencia con intervención en crisis, planificación de seguridad y asesoramiento a corto y largo plazo. Nuestros servicios ayudan a los sobrevivientes de violencia a lograr estabilidad, autonomía y autosuficiencia económica a medida que avanzan con sus vidas.

Nuestro impacto

Nuestro personal ha obtenido más de 4.3 millones de dólares en adjudicaciones de pensión alimenticia, pensión alimenticia y distribución de bienes conyugales para nuestros clientes. Estos dólares representan un número incontable de clientes que no recibieron asistencia pública, conservaron sus hogares y mejoraron su futuro y el futuro de sus hijos gracias a nuestra defensa.

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La Sra. S acudió a nosotros en 2018 en busca de ayuda con un divorcio. Ella y su esposo tienen cuatro hijos y estuvieron casados ​​durante más de veinte años. Durante ese tiempo, su esposo la sometió a abusos físicos y verbales, a veces delante de los niños. Su esposo la alejó de ellos y los puso en su contra. El divorcio se presentó a finales de 2018. Dos de los niños eran mayores de 18 años, pero su esposo intentó retrasar el caso y luchó por la custodia de los demás, que aún eran menores de edad.

Asistencia Legal negoció un acuerdo parcial sobre la custodia del caso, pero el esposo despidió a su abogado y se negó a cooperar en la declaración de su situación financiera. Estos retrasos, junto con el inicio de la pandemia de COVID, prolongaron el caso hasta 2023. En ese momento, el esposo contrató a un nuevo abogado y presentó una moción infundada para intentar recuperar la custodia de su única hija menor. Instruyó a la menor para que alegara que la Sra. S la maltrataba, y el abogado de la menor no cuestionó las acusaciones. Asistencia Legal impugnó la moción enérgicamente y, gracias al escepticismo del juez, el intento del esposo fracasó. Ante el fracaso de su moción y el aumento de los honorarios legales, el esposo llegó a un acuerdo y las partes se divorciaron en 2025.