El Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC, por sus siglas en inglés) es un programa federal que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) considera el recurso más importante para la creación de viviendas asequibles en Estados Unidos. Sin embargo, miles de inquilinos de un complejo de viviendas en el Bronx, creado mediante el programa LIHTC, se enfrentan al desalojo debido a que la empresa administradora del edificio no les ha proporcionado un método fiable para tramitar la documentación necesaria para la recertificación. En cambio, la administración ha iniciado cientos de demandas frívolas en el Tribunal de Vivienda del Bronx por incumplimiento de las normas por parte de los inquilinos. 

Con frecuencia, los inquilinos no reciben notificación previa de los requisitos. Cuando intentan acudir directamente a la oficina de administración, suelen ser rechazados y se les informa que no hay personal disponible para atenderlos. Quienes sí presentan los documentos de recertificación descubren que la administración no los ha procesado o simplemente los ha extraviado. Este complejo cuenta con más de 1,600 apartamentos, y cada uno de ellos puede verse afectado por las prácticas del propietario. Sin un sistema integral y eficaz para que los inquilinos recertifiquen sus ingresos, estos se exponen a posibles sentencias en su contra, desalojo, estrés, ausencias laborales por comparecencias judiciales y un posible cálculo incorrecto de su parte del alquiler.

La Unidad de Justicia de Vivienda busca abogados colaboradores pro bono para presentar una demanda ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York solicitando la suspensión de todas las órdenes de desalojo pendientes por falta de recertificación en el Tribunal de Vivienda y una orden judicial que impida al propietario presentar nuevas órdenes de desalojo por falta de recertificación hasta que cree un proceso de recertificación funcional para los inquilinos.

La Unidad de Derecho Laboral de la Sociedad de Asistencia Legal busca un abogado colaborador para litigar una demanda por discriminación positiva en el Distrito Sur de Nueva York en nombre de una clienta que fue obligada a trabajar en contra de su voluntad para sus defensores de inmigración.  

Nuestra clienta, inmigrante indocumentada, es originaria de Marruecos y llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021 con una visa de estudiante F-1. Poco después de su llegada, conoció a su esposo, quien terminó abusando sexual y físicamente de ella. Tras abandonar el matrimonio a mediados de 2024, nuestra clienta buscó ayuda migratoria en un bufete de abogados. Dicho bufete, que figura como demandado en este caso, se aprovechó de nuestra clienta presentando documentos migratorios falsos, cobrándole honorarios migratorios fraudulentos y obligándola a trabajar en la oficina y cuidar niños para pagar supuestos honorarios de abogados, lo cual constituye abuso procesal y servidumbre por deudas según la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA). Nuestra clienta trabajó para los demandados desde octubre de 2024 hasta el 30 de julio de 2025, durante casi 700 horas sin recibir pago alguno. Tras su renuncia, nuestra clienta presentó una queja ante el Comité de Quejas de Abogados, la cual se encuentra actualmente en trámite.

Nuestro cliente es un centro clínico con sede en Nueva York que ofrece psicoterapia y coaching profesional con un enfoque culturalmente sensible y centrado en el trauma. A través de una plataforma segura de telesalud, el centro atiende a una clientela diversa y cuenta con experiencia especializada en el apoyo a personas LGBTQ+ y BIPOC (negras, indígenas y de color). 

El solicitante busca asistencia gratuita para el registro federal de su marca, con el fin de proteger su identidad de marca en los campos de la salud mental y el desarrollo profesional.